Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
Año 7 Núm. 74, Publicación Mensual, 27 de Noviembre de 2008

ARTÍCULOS

 

Año 4, Número 43, Octubre de 2005

A propósito de la jurisdicción
y el derecho aplicable en Internet

Cristos Velasco San Martín

 

Dos de los temas menos explorados, polémicos y, quizá, más difíciles de resolver en el área de regulación del ciberespacio son los aspectos de jurisdicción y derecho aplicable en las transacciones comerciales y actividades que se llevan a cabo a través de Internet.

En nuestro país, no existen reglas especiales en ordenamiento jurídico alguno para determinar la jurisdicción y competencia de tribunales en controversias suscitadas por el uso de Internet, sin embargo, el marco aplicable se encuentra previsto en tres leyes a nivel federal.

La OCDE prevé una disposición sobre jurisdicción y derecho, aplicable en el área de transacciones de comercio electrónico.

Dos de los temas menos explorados, polémicos y, quizá, más difíciles de resolver en el área de regulación del ciberespacio son los aspectos de jurisdicción y derecho aplicable en las transacciones comerciales y actividades que se llevan a cabo a través de Internet.

Lo anterior obedece principalmente a dos factores: uno de ellos es la naturaleza de Internet, medio global sin límites y fronteras, donde los cibernautas gozan de la libertad de navegar, obtener información, adquirir bienes y servicios en sitios cuyos servidores se encuentran domiciliados en distintas partes del mundo; además, con el simple clic del ratón celebrar contratos, transferir pagos y recibir bienes y servicios en forma digital e inclusive, elaborar todo tipo de contenidos a través de páginas Web y blogs creados para dar a conocer opiniones y puntos de vista sobre algún tema en específico.

El segundo factor tiene que ver con la gran diferencia y complejidad de los sistemas jurídicos existentes alrededor del mundo y, por ende, la gran diversidad de leyes y regulaciones de cada país, así como su interpretación por parte de los tribunales a controversias que se suscitan por el uso de Internet.

Breves antecedentes

Cuando hablamos de jurisdicción y derecho aplicable, generalmente hacemos referencia a dos conceptos jurídicos comúnmente utilizados en el mundo del derecho: el primero se refiere a la medida en que un juzgado o tribunal nacional está legítimamente autorizado para conocer de una controversia de carácter transfronterizo entre dos partes de derecho privado, y aplicar las leyes del lugar en donde el tribunal o juzgado se encuentra localizado. El segundo, se relaciona con el momento en que dicho juzgado o tribunal nacional cuenta con el derecho de aplicar su legislación local, imponer su competencia y conocer de la controversia suscitada.

Regulación internacional

En el ámbito internacional, la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado (HCPIL) recientemente aprobó la Convención de Contratos Celebrados sobre Elección Exclusiva de Tribunal en Materia Civil y Mercantil, la cual busca crear un régimen jurídico internacional uniforme que garantice la efectividad de la ejecución judicial de los contratos celebrados entre partes de derecho privado en materia civil y mercantil, y que versen exclusivamente sobre la elección de un tribunal competente para dirimir una controversia en una transacción contractual de carácter internacional. Dicha convención fue aprobada el 30 de junio de 2005 por el Comité Redactor de la Comisión Especial y los países miembros de la HCPIL, de los cuales México forma parte, y se encuentra aún pendiente su ratificación.

Ahora bien, en el ámbito de política multilateral sobre protección al consumidor, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en sus Lineamientos para la Protección al Consumidor en el Contexto del Comercio Electrónico, prevé una disposición sobre jurisdicción y derecho, aplicable en el área de transacciones de comercio electrónico B2C, que recomienda a los países (que se encuentran en proceso de crear o modificar su marco jurídico en materia de comercio electrónico), tomar en cuenta la vulnerabilidad del consumidor en Internet para ofrecer una protección jurídica transparente y equivalentemente funcional a la que se otorga comúnmente en otras formas de comercio.

Asimismo, recomienda el desarrollo de políticas y esquemas de resarcimiento económico y el uso de mecanismos de resolución de controversias en línea, precisamente para hacer frente al obstáculo que representa la jurisdicción y el derecho aplicable en Internet para poder, de esta forma, brindar una mayor certeza al consumidor que realiza transacciones de comercio electrónico.

Casos más destacados

A continuación se presenta un breve resumen de los casos más sobresalientes a nivel internacional sobre jurisdicción en Internet.

- Yahoo Inc, v. La Ligue Contre Le Racisme et L’Antisemitisme

En este caso, dos organizaciones civiles de origen francés dedicadas a promover y defender el antisemitismo denominadas: Defendants La Ligue Contre Le Racisme Et L’Antisemitisme (“LICRA”) y L’Union Des Etudiants Juifs De France deciden entablar una demanda civil en el Tribunal Grande Instance de París en contra de Yahoo, ya que se encontró propaganda, memorabilia y artefactos nazis que Yahoo ofreció en su sitio de subastas infringiendo las leyes de libertad de expresión en Francia.

Este tribunal concluyó que dichos objetos y memorabilia nazis se encontraban disponibles a ciudadanos franceses, por lo que libró una orden judicial solicitando a Yahoo que eliminara todo acceso a los materiales y propaganda; además, le impuso la obligación de incluir un aviso a ciudadanos franceses que prohibiera y restringiera algunos criterios de búsqueda a través de sus portales, así como una multa por la cantidad de 100 mil euros por cada día que pasara y que no cumpliese con dicha orden.

Subsecuentemente, Yahoo decidió no cumplir con la orden del tribunal francés, en razón de que carecía de la tecnología apropiada para bloquear el acceso a ciudadanos franceses, y porque la prohibición y restricciones del tribunal francés infringían a todas luces sus derechos civiles bajo la primera enmienda de la Constitución de los EUA, e interpuso una queja ante un Tribunal del estado de California, solicitando una resolución declaratoria (declaratory judgement) para que la orden del tribunal francés no fuera reconocida, ejecutable y quedara sin efecto legal alguno en los EUA.

Finalmente, la Corte del estado de California resuelve que la orden del tribunal parisino contravenía los derechos de la primera enmienda de la constitución americana y decide a favor de Yahoo, dejando sin efecto la orden francesa en territorio americano. Las últimas noticias que se tienen de este caso es que, en febrero de 2005, un tribunal de segunda instancia, a nivel federal en el estado de California (9th Circuit Court of Appeal), vuelve a conocer del caso sin que exista todavía algún pronunciamiento final al respecto.

- Gutnick v. Dow Jones & Co. Inc.

En este caso, un empresario australiano de nombre Joseph Gutnick decide demandar por difamación en los tribunales de su domicilio a la compañía americana de medios Dow Jones & Co., ya que en octubre de 2000 la revista Barrons Digest (publicación de Dow Jones) saca a la luz un material, tanto en su versión en papel como en su portal, que atribuye algunas características de fraude y de lavado de dinero al señor Gutnick en Australia.

Sorpresivamente, en agosto de 2001, el Tribunal Superior de Victoria (Victoria Supreme Court) —lugar de residencia del Sr. Gutnick— decide conocer de la controversia, señalando en su resolución que los habitantes de dicha región tuvieron acceso y pudieron leer el artículo en ambos medios informativos.

La empresa Dow Jones se defendió y apeló la decisión del juez australiano argumentando, principalmente, que el caso debería ser ventilado en los tribunales americanos por dos razones fundamentales: (i) la compañía tiene su domicilio principal en los EUA y, (ii) porque el artículo fue redactado y publicado originalmente en dicho país. Finalmente, en noviembre de 2004, después de casi tres largos años de litigios, el caso se resolvió a través de una negociación por la cantidad de 440 mil dólares americanos, cifra que incluyó los gastos y costos legales de la defensa del señor Gutnick.

- Bangoura v Washington Post, Ontario Superior Court of Justice (enero 27, 2004)

En este caso, un abogado de origen africano de nombre Cheickh Mohamed Bangoura, quien fungiera como funcionario de las Naciones Unidas en distintos países durante las décadas de los ochenta y noventa, y actual residente en la provincia de Ontario, Canadá, decide demandar al diario Washington Post por difamación, ya que en el año de 1997 cuando radicaba en Kenya y trabajaba para el Programa de las Naciones Unidas Sobre Control de Drogas, el diario Washington Post publicó tres artículos —tanto en su edición en papel como en su portal de Internet— sobre supuestos malos manejos del Sr. Bangoura en la administración de dicho programa.

A pesar de que pasaron casi siete largos años desde que los artículos fueron originalmente publicados, el señor Bangoura decide emprender una acción legal solicitando al tribunal canadiense que conociera y sujetara la controversia de conformidad con las leyes de Ontario, Canadá.

En la resolución del tribunal de primera instancia se negó la petición del Washington Post de dejar sin efecto el caso, por considerarse que Ontario es una jurisdicción conveniente y apropiada, sin embargo, en la decisión del tribunal del 16 de septiembre de 2005, los magistrados revocan completamente la decisión del tribunal de primera instancia señalando que no hubo contactos suficientes del Washington Post con la provincia de Ontario, además de que no se pudo comprobar que el señor Bangoura hubiese sufrido un daño en dicha provincia.

El marco jurídico existente en México

En nuestro país, no existen reglas especiales en ordenamiento jurídico alguno para determinar la jurisdicción y competencia de tribunales para controversias suscitadas por el uso del Internet, sin embargo, el marco jurídico aplicable sobre jurisdicción en materia judicial y administrativa se encuentra previsto en tres leyes a nivel federal: Código Civil Federal (arts. 29-34), Código Federal de Procedimientos Civiles (arts. 144 a 155) y Ley Federal sobre Protección al Consumidor (arts. 1º. 4, 20 y 21), así como la jurisprudencia y tesis constitucionales vigentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cabe señalar que a la fecha de la presente publicación, no se ha presentado todavía algún caso en los tribunales mexicanos que dirima una controversia sobre jurisdicción y ley aplicable en el ciberespacio, ni tampoco derivado de alguna contratación o acto jurídico celebrado a través de Internet entre algún residente mexicano con cierta empresa o individuo domiciliado en otro país.

Reflexiones finales

Cuando en el futuro se presenten controversias por motivo de actividades o contrataciones realizadas en Internet, en las que se encuentren involucrados ciudadanos o empresas de origen mexicano, los tribunales mexicanos deberán tomar en cuenta en sus resoluciones las obligaciones contraídas a nivel internacional como son la Convención de la Haya, en materia de jurisdicción y derecho aplicable, ya que forman la ley suprema de la nación y las resoluciones de los casos analizados en este artículo, que han asentado precedentes importantes en el área de regulación de la jurisdicción en Internet a nivel internacional.

Recomendamos visitar la sección sobre jurisdicción en Internet del portal del North American Consumer Project on Electronic Commerce (NACPEC), que contiene información, recursos y publicaciones especializadas en el área.

Para mayor información:

http://nacpec.org/en/links/jurisdiction/index.html

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=progress.listing&cat=4

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=98

http://www.oecd.org/document/51/0,2340,en_2649_34267_
1824435_1_1_1_1,00.html

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