Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
Año 7 Núm. 74, Publicación Mensual, 27 de Noviembre de 2008

ARTÍCULOS

 

 
Año 1, Número 14, Noviembre de 2002
En busca de equilibrio en un mundo post-Napster

Kiyoshi Tsuru
ktsuru@worldnet.att.net

La lucha por el control de contenidos digitales se ha intensificado. Napster y los archivos en formato MP3 han adquirido ya matices legendarios. La realidad de los hechos es relativamente simple: Napster permitía a sus usuarios el intercambio indiscriminado de archivos comprimidos de datos, en su mayoría relacionados con obras musicales, mediante el empleo de una base de datos central. Los usuarios habilitaban su computadora para enviar y recibir mensajes de datos en formato MP3, y hacían disponible el repertorio de copias de obras que tenían guardadas en sus respectivos discos duros a los demás miembros de esta comunidad. Bastaba con que el usuario contactara a dicha base de datos, preguntando por una obra en específico, para obtener una lista de las máquinas disponibles que contaban con el archivo comprimido que era posible bajar, es decir, se obtenía una copia del mismo.

Los titulares de derechos de autor no tardaron en contestar: habiendo un punto central donde se controlaba el sistema, la estrategia de la industria de la música se concentró en atacar esta base de datos que conformaba el núcleo de Napster. Encontrar el interruptor y apagarlo. Bastó con la imposición de ciertas medidas provisionales por la autoridad jurisdiccional, tendientes al cese de operaciones de la multicitada base de datos. El resto de la historia lo conocemos bien. Aun y cuando nunca se dictó sentencia definitiva debido a un arreglo al que arribaron las partes, el sistema, como tal, se ha convertido en una mera anécdota curiosa.

Sin embargo, la reacción de la comunidad tecnológica no se dejó esperar. La tecnología aprendió de sus errores: si su talón de Aquiles era un punto localizable y determinado que pudiera ser desconectado, las leyes de la adaptación y selección natural mandaban eliminar este foco de vulnerabilidad, es decir, diversificar la base de datos. Nació así la siguiente generación de redes P2P (abreviatura del término en inglés: Peer to Peer, que en español podría ser De Igual a Igual o De Compañero a Compañero), representada por sistemas como KaZaA, Morpheus o Gnutella. La principal característica de estas redes es que no cuentan con una, sino con una multiplicidad de bases de datos dispersas y administradas por sus propios usuarios, de manera que no hay un punto único o un grupo reducido de puntos que puedan ser atacados.

Aquel que quisiera terminar, con estos sistemas, necesitaría perseguir a una infinidad de usuarios de las nuevas redes P2P, alrededor del mundo. Eso es imposible ¿cierto?

Falso. Hoy día, el Congreso de nuestro vecino país del norte debate sobre la posibilidad de aprobar la iniciativa de ley H.R. 5211, coloquialmente conocida como la iniciativa Berman. De ser adoptada, esta propuesta permitiría a los titulares de derechos autorales tomar medidas de manera directa en contra de usuarios de redes P2P para desactivar, interferir, bloquear, desviar o inhabilitar la distribución, divulgación, comunicación pública, representación o reproducción de copias ilegales de obras protegidas.

Quienes proponen esta iniciativa aseguran que no planean dañar los equipos de cómputo de los usuarios de sistemas P2P, sino simplemente inhabilitarlos para el intercambio de obras protegidas. No obstante, el problema es más fundamental. Una ley de este tipo permite a los particulares hacerse justicia por su propia mano. Aun y cuando esta autorización estuviera sujeta a límites y algún tipo de supervisión estatal, la mera idea de permitir que un particular actúe, directamente, en defensa de los derechos que detenta o cree detentar es contrario al concepto mismo de Derecho y violenta la noción de lo que entendemos por justicia.

El Derecho elimina la venganza privada, sustituyéndola por un marco normativo que regula conductas indeseables, imponiendo sanciones en caso de que dichas conductas se sucedan en la realidad. Estas sanciones se imponen después de haber oído a las partes involucradas, permitiéndole defenderse a la parte que va a ser sancionada. El procedimiento se lleva ante un órgano imparcial e independiente, encargado de administrar justicia. Normalmente existe la facultad de apelar y solicitar la revision de la sentencia correspondiente y de hacer valer los derechos fundamentales del sancionado.
Nada de esto sucede cuando una de las partes obtiene una autorización para perseguir a los supuestos infractores de sus derechos. La sanción se impone de manera instantánea, sin respetar la garantía de audiencia de la otra parte, dejarle a salvo los derechos que pudiera tener ni permitirle explicar su conducta, interponer defensas y excepciones (como la existencia de limitaciones a las facultades del titular del derecho de autor) o ser juzgado por un tercero imparcial.

Autorizar este tipo de medidas sería tanto como autorizar la existencia de ejércitos privados para la protección, contra la probable invasión de fincas rurales o facultar a los arrendadores de inmuebles a echar a sus arrendatarios morosos de inmediato, de manera privada, independiente, sin que mediara juicio y una vez que sucediera el primer retraso en el pago de la renta. En otras palabras, esta propuesta constituye un llamado a la anarquía. Un regreso a la vieja ley del oeste.

La ley del oeste ha inspirado muchas y muy entretenidas películas, pero no proporciona el ingrediente fundamental de las sociedades civilizadas: el respeto al derecho del otro y la posibilidad de dirimir controversias de manera pacífica, equitativa, justa, es decir, un Estado de Derecho. El objetivo debería ser la conformación del imperio de la justicia, no de la fuerza.

Ahora bien, lo interesante será determinar dónde radica la justicia. Si partimos de la premisa que lo justo es darle a cada quien lo que le corresponde, y que de acuerdo con nuestra Constitución Política y los Tratados Internacionales, Mexico debe apoyar el Derecho de Autor, en tanto es una herramienta para proteger a los autores de obras intelectuales y artísticas, estableciendo, entre otros beneficios, una remuneración que incentive la creación de obras; queda claro que el intercambio indiscriminado de dichas obras, sin que medie pago alguno al autor de las mismas, es injusto. Sin embargo, no veo cómo es que la anarquía o la ley del más fuerte puedan solucionar esta injusticia.

Peor aún, si la ley autoriza y legítima duelos tecnológicos entre titulares de derechos e infractores, la experiencia nos muestra que es probable que éstos últimos ganen, con lo cual el objetivo que parecía perseguir dicha ley, se vería contradicho.

Por tanto, podemos concluir que la protección de derechos autorales en medios electrónicos no debe percibirse como una batalla, pues entonces perdemos todos: autores, productores, usuarios y terceros afectados por los estragos del combate. Es más recomendable encontrar un justo medio donde los autores reciban una compensación que los remunere por su contribución a la cultura y los incentive a seguir creando, donde los productores de bienes culturales reciban un pago verdaderamente proporcional al valor que agregan en la elaboración y distribución de dichos productos y donde los usuarios paguen un precio competitivo, correlativo a la calidad del producto obtenido. La respuesta está en el equilibrio pacífico entre estos intereses encontrados, tratando de llegar al justo medio, teniendo en cuenta que el Derecho de Autor existe precisamente para proteger a los autores de obras intelectuales, tendientes a la protección y mejoramiento de nuestro patrimonio cultural.

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