Universidad Nacional Autónoma de México
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico
Año 7 Núm. 74, Publicación Mensual, 27 de Noviembre de 2008

ARTÍCULOS

 

Año 1, Número 11, Agosto de 2002

LOS TRATADOS DE INTERNET
¿MURALLAS DIGITALES?

Kiyoshi Tsuru

 

Abogado consultor en materia de propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derecho del ciberespacio. Es árbitro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y profesor en la maestría de Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías que imparte en la Universidad Anáhuac del Sur y en el Centro Francisco de Vittoria en Madrid, España.

En días recientes entraron en vigor, a nivel global, dos tratados internacionales que redefinirán la manera en que utilizamos contenidos digitales. El objetivo de éstos es adaptar los derechos de autor y sus derechos conexos a la era del ciberespacio. Dichos acuerdos internacionales se gestaron en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra, Suiza, y son: el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (por sus siglas en inglés: WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (por sus siglas en inglés: WPPT). A ambos se les conoce coloquialmente como los Tratados de Internet.

Debido a que estos tratados han sido objeto del procedimiento formal para su incorporación en nuestro Derecho, se han convertido en ley suprema a nivel nacional. Esto significa que nuestra legislación de derecho de autor habrá de modificarse para cumplir con lo establecido por dichos tratados, y con ella probablemente variará también la forma en que los libros, discos, programas de cómputo y demás productos culturales se distribuyan en forma digital, acontecimiento que podría cambiar, además, nuestros hábitos de consumo y uso.

La nueva regulación es una consecuencia de la naturaleza intrínseca del entorno digital, marcado por la facilidad de reproducir, editar y distribuir obras a través de redes electrónicas como la Internet. Esto trae grandes beneficios a la sociedad, pues propicia la divulgación de la cultura y el conocimiento, fomentando también la creatividad. Sin embargo, este salto tecnológico también puede acarrear perjuicios sociales, como la copia no autorizada y distribución a gran escala de obras protegidas, conducta que suele llamarse piratería.

El problema no es nuevo. La humanidad ha escuchado augurios terribles con cada advenimiento de una nueva tecnología: el mundo se iba a acabar por causa de la imprenta, la radio, la televisión por cable, la fotocopiadora. En su momento se pensó que la videocasetera sería el “estrangulador de Boston” de la industria cinematográfica y audiovisual. La realidad demostró lo contrario.

La solución es un tanto predecible. A cada cambio tecnológico corresponde normalmente un cambio regulatorio que ayuda a balancear los intereses de la sociedad con los de los autores e intérpretes de obras, las empresas que las distribuyen, así como con sus destinatarios. Y el planeta sigue girando.

Esta no es la excepción. Ante la amenaza de plagio sistematizado, las industrias del contenido amenazaron a su vez con no permitir el acceso digital a las obras sobre las cuales tienen la titularidad de derechos autorales, suceso al que las autoridades y representantes de la mayoría de los países civilizados del mundo reaccionaron ofreciendo mayor protección por vía de derechos de autor, con miras a incentivar el enriquecimiento de la red de redes mediante la aportación a este nuevo medio de obras en formato electrónico. A fin de cuentas, como diría McLuhan, “el medio es el mensaje.”

El modelo de regulación ofrecido incluye, como medida novedosa, la protección jurídica de mecanismos electrónicos que impiden al usuario realizar ciertas acciones que atenten contra las facultades exclusivas del titular de derechos de autor y derechos conexos, tales como obtener acceso a la obra resguardada o copiar dicha obra. Algunos llaman a estas medidas tecnológicas “candados electrónicos” o “bardas electrónicas”. Si bien el mecanismo es esencialmente tecnológico, los tratados brindan protección legal adicional contra la evasión de los resultados proporcionados por el dispositivo digital. En otras palabras, debido a que la tecnología puede ser contrarrestada, de la misma manera que los candados de metal pueden romperse o las llaves falsificarse, estos tratados establecen la obligación para con sus países miembros de establecer medidas legales efectivas “contra la acción de eludir las medidas tecnológicas” empleadas por los titulares de derechos autorales y conexos en defensa de éstos. De esta manera, el acto de contrarrestar alguno de estos candados electrónicos constituirá un ilícito que será sancionado por la ley.

Considerando que la evolución tecnológica ha superado las barreras naturales que impedían obtener reproducciones perfectas de una obra o distribuir en serie copias de ésta, ahora la ley ha recurrido a la propia tecnología para establecer barreras artificiales que permitan a los autores e intérpretes de obras, así como a las empresas que las comercializan (casas editoras, disqueras, estudios cinematográficos, etc.) ejercitar los derechos de exclusividad que les confiere el derecho de autor.

No obstante, el uso de los multicitados candados tecnológicos debe ser balanceado, pues de lo contrario nuestra sociedad correrá el riesgo de perder acceso a buena parte de su patrimonio cultural, el cual puede quedarse “encerrado.” Los tratados no aclaran qué ocurriría en caso de que las obras protegidas por estas bardas digitales cayeran al dominio público, sea por el transcurso del tiempo, por la creación de una licencia, por causa de utilidad pública o por algún otro motivo, ni lo que sucedería en caso de que fuera necesario solicitar el acceso a una obra para realizar un uso autorizado por la ley, como la cita de textos, la reproducción de partes de la obra con fines de crítica, la elaboración de una copia de resguardo, etc. Por ejemplo, los titulares de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras de Octavio Paz tienen derecho a instrumentar candados respecto de la versión digital del Laberinto de la Soledad (v.gr. para leerse en un e-Book), sin embargo, estos derechos terminarán algún día, con lo que la obra pasará al dominio público; el problema es que la obra no podrá ser consultada ni reproducida aun estando en el dominio público, debido a la presencia del candado y a la ley que impide “abrir” ese candado. En caso de que un estudiante necesitara citar un fragmento de Paz para su investigación, o de que un crítico literario requiriera hacer referencia a la obra del nóbel mexicano mediante citas textuales a la obra digital, una legislación inflexible les impediría a estos individuos romper los candados electrónicos para realizar un acto perfectamente permitido por la ley si se tratara de medios no digitales. El caso de obras literarias no es tan drástico, pues siempre es posible recurrir a tecnologías más rudimentarias para realizar la reproducción que la ley autoriza (en este caso, usar lápiz y papel para copiar partes del libro impreso), pero imaginemos lo que sucedería con obras fijadas ab initio en medios digitales, como puede suceder en el caso de obras audiovisuales (video digital grabado en formato DVD), donde la posibilidad de acudir a tecnologías alternativas es simplemente imposible. Un caso más simple es el de algún libro en formato digital que una vez instalado en determinado aparato e-Book, no puede ser instalado en la laptop o en la computadora de casa. Ni qué decir de la elaboración de una copia de respaldo (backup) de un programa de cómputo. Tampoco hablan los tratados de candados digitales que impidan el acceso o reproducción de copias o fonogramas, que incluyan a la vez tanto obras o inter-pretaciones protegidas por la ley autoral, como aquéllas que no lo están. Por ejemplo, aun y cuando las grabaciones de Gabilondo Soler, interpretando canciones de Cri-Cri estuvieran en el dominio público (por haber terminado el plazo de protección), bastaría con agregar una nueva interpretación de Cri-Cri (protegida todavía) a un fonograma formado por otras doce ejecuciones de dominio público, para instrumentar un candado electrónico respecto de todo el CD.

En resumen, los tratados de Internet son una gran herramienta para dotar de contenido de primera calidad a la red de redes, al garantizar a los titulares de derechos sobre obras, interpretaciones y fonogramas el respeto a sus derechos exclusivos mediante la adopción de preceptos legales que impiden violar las medidas tecnológicas que los protegen. Como tales, es recomendable que los desarrollemos y apliquemos en nuestra legislación nacional cuanto antes. Sin embargo, debemos cuidar de guardar el justo equilibrio al utilizar estas bardas electrónicas, con objeto de evitar construir murallas digitales que impidan el acceso autorizado y legítimo a la cultura.

 

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